¿No será porque OKDIARIO no lo advirtió. La decisión del Ministerio de Igualdad de cambiar de proveedor en el sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento no sólo generó un vacío informativo que compromete los procesos judiciales contra maltratadores y puso en peligro la vida de multitud de mujeres víctimas de la violencia de género, sino que la compra de las pulseras antimaltrato, mucho más baratas que las anteriores, presentó graves deficiencias en su adjudicación, tanto que la Fiscalía Europea investiga un delito de fraude. O sea, no estamos hablando sólo de problemas técnicos que derivaron en la desprotección de las mujeres, sino de una adjudicación de dinero público procedente de los recursos comunitarios que viene envuelta en espesas sombras de sospecha?