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Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, España ha gastado más de 16.500 millones de euros públicos en pagar sentencias contra el Estado por diferentes negligencias o malas prácticas legislativas. Esta abultada cifra no sólo pone en entredicho el buen funcionamiento de la Administración, sino que preocupa en gran medida a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).!